DERECHOS RETORCIDOS

DERECHOS RETORCIDOS

Los derechos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos.

Las leyes relativas a los derechos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades; así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún, gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás.

Hasta aquí parece estar todo claro, pero ¿cómo encajamos el derecho a una vivienda digna en todo esto?

El artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Hagamos un ejercicio de imaginación e imaginemos, aunque igual no es fácil, que esto se cumple y todo español y española disfruta de una vivienda digna y adecuada, que cualquier español o española puede destinar el 43% de su salario (según el INE) a una vivienda digna y seguir viviendo dignamente, cosa que no es sencilla, o que el Estado ha garantizado el derecho a esa vivienda digna en el caso de no poder hacer frente a ese gasto.

Después de imaginar todo esto hay que preguntarse ¿qué pasa con las personas extranjeras?

El 13.4% de la población que habita en España es extranjera, 8.775.213 personas, ¿hay que entender que estas personas no tienen derecho a esta vivienda digna y adecuada?

Vayamos más allá ¿qué pasa con las personas en situación irregular, esos extranjeros de segunda, los inmigrantes (porque en España solo es inmigrante el que viene de manera irregular o no es blanco caucásico, no me pregunten por qué)

Pues yo les diré qué pasa. Pasa que la imposibilidad de presentar una nómina (recordemos que para pasar de irregular a regular hay que, no solo sobrevivir 3 años, sino poder demostrarlo) dificulta aún más la consecución de lo que, para otros, es un derecho, la vivienda digna y adecuada. Personas que han cumplido con todo lo que se les pide cuando llegan aquí que, básicamente, es sobrevivir sin molestar, que se adapten a nosotros, que trabajen en lo que no queremos, cobrando lo que no queremos cobrar los españoles. En muchos casos son familias que han escolarizado a sus hijos, están aprendiendo el idioma y las costumbres, en resumen, están haciendo un esfuerzo de integración a pasar de las dificultades que les plantea el nuevo contexto social.

En la Asociación Almería Acoge llevamos trabajando con población migrante desde hace más de 35 años y contamos con programas financiados por el Ministerio que garantizan el acceso a una vivienda digna de manera temporal, tanto a personas recién llegadas como a jóvenes que llegaron siendo menores y, al cumplir la mayoría de edad, salen de los centros de tutela.

Desde Almería Acoge se trabaja diariamente para que familias, jóvenes, o personas que vinieron solas logren la independencia de los programas, trabajamos para devolverles la dignidad y autonomía que muchos perdieron en el camino y para conseguir la plena inclusión de estas personas en la sociedad almeriense. Pero el acceso a la vivienda es el talón de Aquiles de nuestros programas (recordemos que estábamos imaginando que el resto de población tienen cubierto este derecho como la Constitución indica) y se nos hace imposible conseguir viviendas tanto para garantizar el acceso temporal como para que estas personas logren su independencia una vez finalizada su estancia con nosotros.

Por eso hacemos un llamamiento a repensar nuestro modelo de mercado inmobiliario, tanto a nivel social como individual, a recordar por qué se creó un Articulo 47 en la Constitución y a dejar de ver la vivienda digna como un negocio y al prójimo como un okupa.

Rafa Sánchez Guiard

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Juanjo Castillo administrator

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