Desde CEPAIM nos llega un comunicado al que Almería no es que se adhiere, es que lo siente como suyo ante la situación de El Ejido donde la punta visible de lo que está ocurriendo es el desalojo de más de 250 inmigrantes. No nos planteamos una lucha entre culturas, ni entre religiones, es la lucha contra los pobres, contra los vulnerables, contra aquellas personas que no tienen casi nada y lo poco que tienen se lo quitan … sabemos de que lado están los derechos humanos y el corazón, ¿de que lado están las autorides de El Ejido?
«Ante el acuerdo alcanzado por el pleno del Ayuntamiento de El Ejido, por el que se aprueba la desestimación de las alegaciones presentadas y se da orden de ejecución del desalojo y demolición de habitáculos, infraviviendas y chabolas en el paraje chozas de redondo, polígono 24, parcela 66, desde los servicios jurídicos de Fundación Cepaim estamos estudiando la presentación de un recurso contra este acuerdo del Ayuntamiento de El Ejido, actuando en representación de las familias y personas afectadas por el desalojo.
En cuanto al fondo del tema, desde Cepaim y Almería Acoge somos conscientes del grave problema de asentamientos chabolistas existentes en el municipio, dado que desde hace muchos años venimos denunciando esta situación, actuando en ellos y asistiendo a las personas afectadas. Por tanto compartimos la necesidad de proceder a su erradicación, pero no podemos aceptar como solución la demolición de los asentamientos sino va a acompañada de un programa o plan complementario que dote de soluciones o alternativas habitacionales a las personas afectadas.
Tal y como está planteada la actuación, contemplado sólo la demolición, por un lado está aumentando la vulnerabilidad de las personas ya de por si extremadamente vulnerables, sino que además supone una quiebra de la legislación vigente, especialmente del cuerpo de tratados internacionales de los que es parte España en materia de Derechos Humanos.
Esa es la queja. Hay personas que ya se han visto forzadas a salir de ahí por causa de estas amenazas. No es admisible una gestión pública que pase por encima de las personas. No se entiende una actuación así sin alternativas si no es desde la sospecha de que fuerzan a salir del territorio a una parte de la población que hoy por hoy son, además de personas con derechos, mano de obra necesaria para los empresarios de la zona»
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