Andalucía Acoge junto con su entidad Federada Almería Acoge ha debatido en la Universidad de Almería sus propuestas de mejora para la inclusión y la igualdad de derechos de las personas que viven en los asentamientos. En la mesa han estado Juan Miralles de Almería Acoge como moderador, Angel Madero de la Federación Andalucía Acoge, Mª del Mar de Almería Acoge y Beatriz González-Martín del CEMyRI de la UAL.
En este entorno se ha presentado el informe: ‘Asentamientos 2022. Consecuencias de la discriminación en los asentamientos en la Comarca de Níjar‘. Una investigación orientada a sistematizar información sobre las situaciones de discriminación en el acceso a los derechos de las personas migradas que viven allí, así como a proponer soluciones para lograr la inclusión y la igualdad de derechos de estos vecinos y vecinas.
Hay dos aspectos muy destacables de las Jornadas: la presentación de propuestas reales y realizables y el interés y participación del público asistente, comprobando el interés que despierta este tema y la necesidad de solucionarlo.
Las propuestas más inmediatas inciden en la mejora de las condiciones de salubridad (agua potable, saneamiento, electricidad, recogida de basuras, transporte), el derecho a una vivienda, al empleo y el salario justo (condiciones laborales), así como facilitar y fortalecer el acceso al sistema de protección social, entre otras. Además, el informe se detiene en situaciones de especial vulnerabilidad, a través de medidas más trasversales vinculadas a la reducción de la discriminación por cuestiones de nacionalidad, etnia o aspecto físico, el acceso a mecanismos de denuncia segura, la intervención con familias, mujeres y jóvenes extutelados así como a reducir los episodios de violencia vinculados a delitos de odio y trata de personas.
En este sentido es imprescindible la coordinación entre los agentes implicados: administraciones públicas, sindicatos, tejido empresarial, sociedad civil organizada y, sobre todo, las propias personas que viven en los asentamientos.
Desde la Federación consideramos que las administraciones han dado algunos pasos en la buena dirección y espera que los resultados de esta investigación sean una palanca de impulso para alcanzar nuevos compromisos, especialmente desde los ayuntamientos. Más si cabe ante las inminentes elecciones municipales y, justo ahora, que el Parlamento Europeo ha anunciado que investigará las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas, a raíz de una queja presentada por la asociación federada Almería Acoge y la Asociación Multicultural de Mazagón.
El informe da las claves de por donde tiene que ir el trabajo a partir de una fotografía de la provincia: a finales de 2022, existían cuatro asentamientos en La Mojonera, dos en Almería capital, nueve en El Ejido y 44 en Níjar, donde se encuentra el 70% de ellos. En abril de 2022, vivián en estos enclaves 3.537 personas (3.038, hombres; 499, mujeres y 83 menores de edad). El número de personas fluctúa a lo largo del año, según los picos de mayor intensidad de mano de obra en las campañas agrícolas.
Algunas de las claves detectadas son:
- El empadronamiento, la llave que abre la puerta a la titularidad efectiva de derechos y acceso a servicios y políticas públicas. A las personas que se ven obligadas a vivir en los asentamientos, se les niega la titularidad de derechos vinculados a su vecindad administrativa (tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía) al impedirles empadronarse. Sólo un 26,9% de las personas entrevistadas manifiesta poseer empadronamiento. Prácticamente la totalidad lo ha conseguido de manera irregular, ya sea pagando por él o porque tienen el empadronamiento en otras localidades (o provincias). Una situación especialmente injusta, teniendo en cuenta que solo depende de la voluntad política y los ayuntamientos tienen la obligación de aplicar la normativa.
- La situación documental de estas personas como un elemento clave para explicar la situación de extrema exclusión que viven las personas en los asentamientos. El porcentaje de personas que se encuentran en situación administrativa irregular es de un 76,3% y alcanza el 86,8% en el caso de las mujeres, que son las que se enfrentan a mayor grado de exclusión.
- La imposibilidad de conseguir una vivienda para salir del asentamiento. El 92% de las personas entrevistadas afirman que tienen “máxima dificultad para encontrar alojamiento“. Los resultados muestran que la mayoría de las personas que viven en los asentamientos no están recién llegadas a España, un 82,2% lleva más de un año en territorio español, llegando a un 15,4% quienes llevan más de 10 años. Además, diez de los asentamientos que se ubican en Níjar tienen más de veinte años de antigüedad y podrían ser considerados barrios consolidados, aunque carecen de los servicios mínimos para poder vivir con dignidad.
Al final se ha establecido un debate muy enriquecedor entre las personas asistentes y se han consolidado y confrontado algunas de las ideas que se proponen y algunas de las claves del informe.
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