El uso de las personas como arma arrojadiza es absolutamente despreciable. Lo es cuando se hace en una guerra, los llamados “daños colaterales”, personas asesinadas. Lo es cuando se expolian los países y se obliga a migrar. Y en este caso lo es cuando se utilizan como instrumentos de presión. Es deplorable y malvado usarlas como objetos, son personas.
Nos unimos al llamamiento que se hace desde la Federación Andalucía Acoge a los Gobiernos español y marroquí para que cese la instrumentalización de las personas migrantes como moneda de cambio en sus negociaciones diplomáticas. La entidad social recuerda que la llegada desde ayer, lunes 17 de mayo, según los medios de comunicación, de más de 5.000 personas (entre ellas, alrededor 1.500 menores de edad) a la ciudad autónoma de Ceuta, es ante todo una crisis humanitaria.
Una vez más, Marruecos utiliza a las personas migrantes para presionar al Ejecutivo español por cuestiones que no tienen nada que ver con el ámbito de las migraciones. Llamamos a la responsabilidad del conjunto de los representantes políticos para no usar la pobreza y la desesperación de estas personas como herramienta de presión para alcanzar otro tipo de objetivos vinculados a otros intereses geoestratégicos. “Las disputas económicas y estratégicas de los gobiernos poco tienen que ver con los derechos humanos de estas personas. Europa debe acabar con la política de externalización de fronteras para evitar estas situaciones”.
Desde la Federación se recuerda que como en otras ocasiones las personas migrantes son usadas para lograr ventajas económicas o territoriales en una espiral alimentada por la política de externalización de fronteras en la que la Unión Europea lleva inmersa desde hace décadas. Marruecos está utilizando a su propia población para recordar a Europa y España su papel de gendarme de la frontera africana. La mejor forma de evitar esta situación sería un cambio radical en la política migratoria europea facilitando vías legales y seguras para el acceso a Europa y acabando con la subcontratación de gobiernos de la periferia de la UE para el control de los flujos migratorios.
Finalmente, Andalucía Acoge recuerda al Gobierno español que los derechos fundamentales en la frontera no deben vulnerarse en ninguna circunstancia, especialmente cuando en lo que se refiere a la protección de la infancia. Toda actuación debe realizarse dentro de la legalidad vigente, la cual implica la individualización de los procesos de devolución, el riguroso control judicial y la especial atención a los derechos de la infancia y las personas más vulnerables.
